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  • Corte Suprema de la Nación falló en contra de Barreto

    Tres jueces rechazaron un planteo de "prescripción" que hizo el intendente, a raíz de una investigación por irregularidades con fondos de campaña del PRO.

    Pablo Fornero

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó una investigación que involucra al intendente Diego León Barreto y al ex embajador argentino en Panamá, el actor cómico Miguel Torres del Sel, por presuntas irregularidades en el financiamiento de partidos políticos en 2012.

     

    La Corte, informó la agencia DyN, ligada al Grupo Clarín, en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazó un planteo de "prescripción" formulado por los abogados del intendente León Barreto.

     

    La causa gira en torno a que las autoridades del PRO en Santa Fe están acusadas de "no poder acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos" como parte del financiamiento de los partidos políticos en 2012.

     

    Del Sel y Barreto habían sido beneficiados en 2015 con la "prescripción" de la causa, pero la Cámara Electoral revocó esa medida ya que ambos ocuparon cargos públicos, el funense como intendente y el cómico como diputado nacional en su momento.

     

    La permanencia en cargos públicos de al menos uno de los imputados interrumpe los plazos de prescripción para todos los involucrados en un expediente judicial.

     

    El actor y el intendente están acusados por presunta violación del artículo 63, inciso "b", de la Ley N 26.215, de "financiamiento de los partidos políticos".

     

    Esa normativa establece que "el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis meses a diez años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos".


    Según la investigación, en 2012 los referentes del PRO santafesino no pudieron justificar el origen y destino de unos 300 mil pesos.

     

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