Viviendas “explotadas”: pandemia mata Justicia

Pasaron más de dos meses y medio desde el incendio que afectó el 8 de marzo a diez familias de la ciudad. Esa noche, el fuego arrasó con un galpón y diez departamentos que estaban construidos en un mismo terreno en la zona 5, en un pequeño lote de calle Bouchard al 1400. Desde ese día, nada se sabe aún de quién o quiénes son responsables del siniestro en el que afortunadamente no hubo heridos, pero si muchas pérdidas materiales.

Las primeras investigaciones tendieron a verificar o descartar que la explosión y posterior incendio hayan tenido intencionalidad. En principio, esa posibilidad sería descartada, sin embargo aún falta rastrear las posibles responsabilidades del accidente que dejó en evidencia una conexión clandestina a la red de gas natural, además de instalaciones fuera de toda regla con la que se suministraba del servicio a los departamentos.

El peritaje fue realizado por el cuerpo de Bomberos Zapadores de Rosario, que intervino en el episodio junto a los Bomberos Voluntarios de Funes y el Grupo de Entrenamiento en Emergencia y Rescate que encabeza Daniel Centurión, quien pocas semanas después de ese episodio fue finalmente convocado para ponerse al frente de la flamante área de Protección Civil municipal.

Desde el Ministerio Público de Acusación (MPA) señalaron en el mes de marzo que las pericias fueron elevadas a la Municipalidad de Funes y a Fiscalía. En la institución que realizó el peritaje confirmaron que se les solicitó una ampliación de ese informe, y que la pandemia que sorprendió al país semanas después frenó los tiempos de investigación. Mientras tanto, el predio permanece tapiado y con faja de clausura a pedido de fiscalía, y aún no se pudo realizar un peritaje a fondo en la zona del galpón donde al parecer comenzó el foco de incendio, ya que la estructura cedió y los restos permanecen aun tapándolo todo.

“Este hecho marcó un precedente, por suerte se pudo resolver y no hubo que lamentar víctimas, pero es un sacudón para que todos los estamentos le prestemos más atención no sólo a dar una respuesta efectiva ante una emergencia, sino a hacer una gestión de riesgo sobre estos lugares, algo que no se hizo nunca sobre estos predios, que sabemos que son muchos en la ciudad”, explicó Centurión. “Los protocolos de evacuación de los condominios, no había matafuegos, salidas de emergencia, tienen que tener los mismos protocolos que se exigen a cualquier condominio de altura”, agregó.

En el predio no sólo se levantaban diez departamentos con modalidad de dúplex, también funcionaba en el centro de ellos una carpintería, dentro del galpón con el que compartían paredes. Por donde se lo mire la situación era peligrosa, pero eso quedó en evidencia sólo cuando se lo observó detrás de las llamas. Cada uno de esos alquileres se pagaban sin intermediarios a un propietario que cobraba unos nueve mil pesos al mes, con “servicios incluidos”, por el que ninguno nunca vio una boleta o comprobante de consumo.

Por un lado se corroboró la falta de fiscalización en las conexiones, que fueron reconocidas como clandestinas por la empresa Litoral Gas, que le pasó la pelota al Municipio y a gasistas particulares: “La conexión clandestina estaba en la calle, en la vereda. De la red de Litoral Gas se verificó una conexión clandestina que iba para dentro del condominio, con cañerías que no están aprobadas y con materiales que son anti reglamentarios”, remarcó el vocero de la empresa al día siguiente del incendio.

Las instalaciones, visibles ya que todas estaban realizadas de manera precaria, con caños plásticos que “flotaban” al lado de las paredes e ingresaban a cada vivienda atravesando paredes, estaban conectadas de manera clandestina a una de las tomas centrales en la vereda. “Estábamos convencidos que esos caños que se ven eran de agua, esto era una bomba de tiempo”, contó conmovida ese día una de las damnificadas, consciente de que el siniestro pudo haber sido mucho más grave. 

Por su parte, desde la ciudad le adjudican a la empresa la falta de controles en su propio tendido. “La prevención es estar un pasito adelante para que esto no suceda, hay que hacer una gestión de riesgo en toda la ciudad, controlar y revisar todas las obras particulares”, afirma Centurión y adelanta la tarea que encabezará junto al área de Obras Particulares del municipio.

Mientras ser esperan novedades por parte de Fiscalía, diez familias tuvieron que reiniciar sus vidas en otras viviendas, luego de haber sido ubicados temporariamente en alojamientos que les brindó la Municipalidad. 

“Jamás supimos que había gas en ese condominio, no teníamos medidores, ninguna cuenta domiciliaria en ese domicilio, tampoco planos de ninguna instalación”, se justificaron desde Litoral Gas, desconociendo la situación.

La Cámara de Diputados de la Provincia también tomó nota del hecho. La semana pasada el diputado Carlos Del Frade ingresó a través de la comisión de Laborales un pedido de informe en el que solicita que “a través de sus organismos correspondientes, disponga informar el por qué de la explosión y posterior incendio ocurrido en calle Bouchard al 1400 de la ciudad de Funes”.

“Una vez más aparece la cuestión fantasmal sobre la información y cuidados de las redes de parte de Litoral Gas y después lo que significa las precariedades de las inspecciones laborales del Ministerio de Trabajo –en relación al galpón donde funcionaba una carpintería- que no termina garantizando distintos aspectos de la seguridad urbana”, expresó Del Frade a InfoFunes.

“El pedido es a los organismos estatales sobre las empresas privadas, ellos deberían dar respuesta. Me da la sensación que lo que puso de manifiesto la explosión de calle Salta 2141 es que los planos reales y actuales de las conexiones de Litoral Gas no creo que están en las principales ciudades de la provincia”, deslizó y agregó para cerrar: “La reiteración de algunos actores obliga que por lo menos se cuestione públicamente a cada uno de ellos”.

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